La Fiscalía lo acusó por el delito de administración fraudulenta y solicitará un pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Como Germán Lerche ya tiene otras condenas anteriores, (menores, que pagó mediante probation o multas) la intención de los abogados que han fogoneado la causa es que, en el caso de ser condenado, la condena sea de cumplimiento efectivo, es decir que vaya a prisión. En total serán cinco los imputados en Colón durante el período 2006-2013.

Tres ex-dirigentes de Colón fueron condenados por la coautoría del delito de administración fraudulenta. Se trata del ex-secretario general, Marcelo Eduardo Maglianesi; el ex-tesorero, Carlos Alberto Marín y quien fuera el síndico de esa CD, Osvaldo Pradolini. Además, en el marco del legajo iniciado en 2013, también fue investigado quien fue vicepresidente de la entidad, Rubén Moncagatta. Por otra parte, está previsto que este miércoles se inicie el juicio oral y público al ex-presidente de la entidad, Germán Lerche.

La investigación se inició en 2013 a partir de una denuncia radicada por José Luis Isaía, quien fue síndico del club. La fiscal que dirigió las actuaciones investigativas fue Mariela Jiménez, quien en 2022 accedió a su jubilación. Por tal motivo, desde el año pasado, los fiscales Federico Grimberg y Bárbara Ilera se hicieron cargo del legajo y también representaron al MPA en las audiencias.

Juicio al ex-presidente

El quinto acusado en la investigación es Germán Lerche. Se trata del ex-titular de la institución, quien comenzará a ser juzgado mañana miércoles en el marco de un juicio oral y público.

De acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, el debate debería ser conducido por un solo juez. Sin embargo, a raíz de la complejidad de la investigación, las partes acordaron –y así fue dispuesto en la audiencia preliminar– que el tribunal sea pluripersonal. En tal sentido, los jueces designados son Lisandro Aguirre (presidente) y Martín Torres, y la jueza Celeste Minniti.

La Fiscalía lo acusó por el delito de administración fraudulenta y solicitará un pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo. “Se tuvo en cuenta el cargo que ocupaba, el grado de autodeterminación de la voluntad y la comprensión de los actos que realizó”, consideraron los fiscales y añadieron que “su edad y su nivel de educación le permitían conocer el reproche penal de su accionar y cómo debía actuar para hacerlo conforme a Derecho”. También concluyeron que “se consideró el perjuicio que su accionar acarreó para una institución conformada para desarrollar distintas actividades en beneficio de sus asociados y el daño social y trascendencia pública del hecho”.