El Ministerio de Justicia analiza intimaciones y multas de hasta $8.000.000 para la Superliga, mientras que el frente con la entidad conducida por Tapia permanece bajo revisión judicial.

El Gobierno nacional evalúa los próximos pasos administrativos y sancionatorios contra la Superliga, después de que el viernes pasado a la medianoche venciera el plazo formal para que la entidad respondiera a los requerimientos de los veedores oficiales. Desde el Poder Ejecutivo nacional diferencian este escenario del conflicto que mantienen con la AFA, donde los márgenes de acción se encuentran supeditados a una apelación en trámite ante la Cámara Civil. «Tenemos que esperar que resuelva la Cámara para poder apercibirlos», señalaron fuentes oficiales respecto a la conducción de Claudio Tapia.

A diferencia de la AFA, que cuenta con un recurso concedido por la Justicia, la Superliga solo manifestó su disconformidad administrativa ante la veeduría, planteo que ya fue rechazado por la IGJ. La estrategia de la Casa Rosada contempla avanzar la próxima semana con nuevas medidas de presión documental.

La Ley 22.315 faculta al organismo regulador a aplicar desde apercibimientos públicos hasta multas económicas que, tras la última actualización dispuesta por el Decreto 609/2024, alcanzan un tope de $8.000.000 para aquellas instituciones que obstruyan las fiscalizaciones o retengan información.

Cabe destacar que, en casos de detectar irregularidades graves o desvíos en las finalidades estatutarias de las asociaciones civiles, el marco legal vigente (Decreto 1493/82) habilita al organismo a solicitar la intervención de las entidades o el retiro de su autorización para funcionar, en un proceso que las autoridades anticipan como extenso.