El juez en lo penal económico Diego Amarante le negó hoy un pedido al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para ausentarse del país por 60 días.

Amarante investiga a Tapia y a la AFA por la supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los 19 mil millones de pesos. El juez ya indagó a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros dirigentes del futbol argentino y debe definir la situación procesal de todos ellos.

Tapia había efectuado una solicitud para estar fuera del país por dos meses, pero el juez consideró que había imprecisión en los motivos que esgrimió el dirigente del fútbol. Los documentos que presentó estaban desactualizados y evaluó antecedentes desfavorables en su conducta, según fuentes judiciales.

“Si bien recientemente este tribunal ha concedido autorizaciones para salir del territorio nacional al nombrado, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores”, dice la resolución del juez.

Y agrega: “La indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal”.

El juez remarcó lo “inusual que resultan” las solicitudes de Tapia para salir del país, dada su función pública en la C.E.A.M.S.E, por la que cobra “aproximadamente” 19 millones de pesos por mes.

“Todo ello sin mencionar, ciertamente, lo inusual que resulta conocer sobre la situación de quien reviste un cargo público por el que percibe -según él mismo expresara en su declaración indagatoria- aproximadamente $ 19.000.000 por mes, y que paralelamente haga saber que más de un tercio de su tiempo lo pasa en el exterior del país, atendiendo compromisos vinculado a otras actividades”.

Los permisos de Tapia para salir del país ya tuvieron un capítulo en la causa. El juez Amarante le negó la posibilidad de viajar a Caracas, Venezuela.

Aunque no lo ofreció como motivo ante la Justicia, Tapia habría querido viajar allí para volver en el mismo vuelo que el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y liberado el 1 de marzo.

La Justicia le negó esa posibilidad, en parte por el debilitado vínculo diplomático del país con Venezuela, pero también porque Tapia no pidió “permiso” para realizarlo, sino que solo se limitó a “informar” que viajaría allí como parte de un nuevo tramo en un viaje que sí había sido habilitado por la Justicia.

“En una oportunidad anterior, habiéndose otorgado un permiso para destinos específicos, el encartado pretendió modificar su itinerario de forma unilateral una vez que se encontraba fuera del territorio nacional», recordó el juez Amarante hoy en su resolución.

En su resolución de hoy, Amarante aludió a Gallo y a la presunta intención no declarada de Tapia repatriarlo: “Los hechos de público conocimiento que se sucedieron ponen de manifiesto otra posible finalidad de aquél viaje, permitiendo inferir que la justificación de las razones del viaje exteriorizada por el imputado ante esta judicatura resultó -cuanto menos- parcial”, dijo el juez.

A Tapia y a Toviggino, tesorero de la AFA, se los acusa del delito de omisión del pago de aportes de la seguridad social de jugadores y empleados. Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.

En su descargo ante la Justicia, Tapia argumentó que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

También afirmó -como lo hizo Toviggino- que gran parte de esa deuda ya estaba saldada, un hecho que ya fue corroborado por la Justicia, que investiga de todos modos si con el retraso en los pagos pudo haberse configurado el delito de apropiación indebida de tributos, que sanciona con penas que van de los dos a los 6 años de prisión.